LA IMPORTANCIA DE LA ENTREVISTA PREVIA CON EL DETENIDO

Hasta la entrada en vigor de la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuya última redacción publicada en el Boletín Oficial del Estado es de fecha 6 de octubre de 2015, los letrados nos encontrábamos continuamente con el problema de la falta de información respecto de por qué habían detenido a nuestro cliente. De hecho, rara vez lográbamos que se nos facilitase el atestado policial o que, al menos, se nos informase sobre qué delito, presuntamente, había cometido nuestro defendido. Esta práctica, ponía en peligro la presunción de inocencia y vulneraba el derecho a la defensa, derecho fundamental que viene amparado por el art. 24 de la Constitución Española. Pues, los profesionales íbamos y teníamos que actuar “a ciegas”, ya que desconocíamos qué hechos se le imputaban a nuestro cliente. Pero, además, ni siquiera podíamos aconsejar al detenido que no declarase en dependencias policiales, ni informarle adecuadamente de sus derechos. Por lo que, se vulneraba también el derecho del detenido a no declarar contra sí mismo y a no declararse culpable.

Cierto es, que la policía y demás miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado sí que les leían y leen sus derechos, pero lo hacen rápido y sin claridad, como quien recita un monólogo y, por supuesto, sin explicarle al detenido el contenido y alcance de cada derecho que se le está leyendo. Sin tener en cuenta que, en muchas ocasiones, el detenido no está comprendiendo todo lo que se le está diciendo. Por lo que, se les estaba causando indefensión.

Este panorama cambia con la aprobación de la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que, por fin, se hace eco de los avances de la jurisprudencia a este respecto y escucha las voces que clamaban la necesidad de regular la cuestión controvertida de la entrevista previa con el detenido en dependencias policiales, pues lo que existía hasta este momento era una laguna de ley, a la que la práctica policial se acogía, impidiendo a los letrados hablar con el detenido, no sólo en privado, sino incluso estando ya para empezar la declaración. No teníamos margen de maniobra alguno.

No existía precepto alguno que prohibiese la citada entrevista previa del detenido con su letrado, pero tampoco existía amparo legal expreso de la misma. Por lo que, en la práctica habitual te encontrabas con un “NO” por respuesta si es que llegabas a atreverte a solicitar entrevista con el detenido o si se te ocurría preguntar algo antes de la declaración.

Gracias a la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, los detenidos tienen derecho a entrevistarse en privado con su letrado, entrevista ésta que se realizará con anterioridad a la toma de la declaración como investigado o a su manifestación de que se acoge a su derecho a no declarar. De este modo, el profesional del derecho puede informar y recomendar al detenido lo que considera mejor para su defensa y, a su vez, puede hacerse una composición de lugar de lo sucedido, de por qué su cliente está detenido, de la gravedad o no del asunto y de si hay indicios suficientes de la presunta comisión del delito.

Afortunadamente, y según mi experiencia, se está cumpliendo estrictamente con este trámite de la entrevista previa con el detenido. No solo no me han puesto traba alguna, sino que, incluso antes de yo solicitarlo, ya me lo han ofrecido y facilitado algún rincón para hablar con mi cliente.

Es importante que cada profesional cumpla escrupulosamente con su función, siempre al amparo y en cumplimiento de la ley y en base al respeto de los derechos. Y, por supuesto, dejando que uno y otro profesional cumplan con su labor y sus respectivas funciones; sin olvidar nunca, que la presunción de inocencia y el derecho de defensa han de estar en el centro de nuestras miradas, que es un derecho fundamental de todos los ciudadanos que debe primar siempre y respetarse sin limitación.

Con esta nueva reforma, se da respuesta y se cumple fielmente con el mandato constitucional que reconoce que, el ya citado, derecho de defensa y la presunción de inocencia son derechos fundamentales y que es básica su protección en un Estado social y democrático de derecho. Y, a su vez, garantiza al detenido que todos sus derechos van a ser respetados y cuidados. Creando así, seguridad jurídica y seguridad ciudadana.

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