INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO

El art. 18.2 de la Constitución Española reconoce la inviolabilidad del domicilio en los siguientes términos: El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito”. A estos efectos, es preciso matizar qué se entiende por domicilio, se ha venido manifestando reiteradamente que el concepto domicilio abarca todos aquellos espacios físicos donde los ciudadanos viven o pueden vivir y donde ya sea solo, con su familia o con quien quiera, pueden ejercer libremente su derecho de privacidad desplegando las distintas actividades de estancia y ocio. Asimilándose el concepto de domicilio de un particular al de morada.

Por su parte, el art. 554.2º de la Lecrim., define el domicilio como “el edificio o lugar cerrado, o la parte de él destinada principalmente a la habitación de cualquier español o extranjero residente en España y de su familia”. A su vez, la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional concibe el domicilio como “aquel espacio en el cual un individuo vive sin estar sujeto necesariamente a los usos y convenciones sociales y ejerce su libertad más íntima”, o “cualquier espacio físico que sirva de referencia para el ejercicio de las funciones vitales más características de la intimidad”.

Es decir, el rasgo esencial que caracteriza al domicilio reside en la aptitud para desarrollar en su esfera la vida privada y en su destino específico a tal desarrollo, aunque sea eventual. Esto quiere decir que su destino, finalidad o uso constituye el elemento fundamental para la delimitación de los espacios constitucionalmente protegidos, de modo que, a priori, son irrelevantes extremos tales como: su ubicación, su configuración física, su carácter mueble o inmueble, la existencia o tipo de título jurídico que habilite su uso, o, finalmente, la intensidad y periodicidad con la que se desarrolle la vida privada en el mismo.

Por su parte, el Tribunal Supremo entiende por morada “el lugar destinado a la habitación de una persona, lugar cerrado donde se reside y se satisfacen las condiciones de vida íntima del hogar familiar, al cual no se puede acceder, ni contra la voluntad del morador ni por fuerza ni por intimidación”, o “cualquier lugar, cualquiera que sea su condición y característica, donde vive una persona o una familia, sea propiamente domicilio o simplemente residencia, estable o transitoria”, o “aquellos lugares en los que, permanente o transitoriamente, desarrolle el individuo esferas de su privacidad alejadas de la intromisión de terceros no autorizados. Espacio concreto destinado a las necesidades higiénicas o vitales”.

Una vez hemos clarificado este extremo, pasamos a analizar si el proceder de la dotación policial se ajustó o no a derecho y si fue o no acorde a la legislación vigente.

En primer lugar, matizar que estamos ante un supuesto de usurpación de bienes inmuebles del artículo 245.2 del Código Penal, el cual dice: El que ocupare, sin autorización debida, un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada, o se mantuviere en ellos contra la voluntad de su titular, será castigado con la pena de multa de tres a seis meses”; esta modalidad de ocupación es pacífica y se refiere a vivienda deshabitada. Pues bien, el art. 96.3. de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común establece que: “Si fuese necesario entrar en el domicilio del afectado, las Administraciones Públicas deberán obtener el consentimiento del mismo o, en su defecto, la oportuna autorización judicial”. En relación con este, señalar que el art. 558 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal exige que: «El auto de entrada y registro en el domicilio de un particular será siempre fundado, y el Juez expresará en él concretamente el edificio o lugar cerrado en que haya de verificarse, si tendrá lugar tan sólo de día y la Autoridad o funcionario que los haya de practicar».

A diferencia del supuesto del allanamiento de morada, regulado en el art. 202 del CP, que tiene por objeto la ocupación de casa habitada respecto de la que no hay voluntad de abandonar. Caso éste excepcional en el que sí que cabe la actuación policial que no requiere de autorizaciones provenientes del juzgado, véase orden judicial. En este caso, la policía tiene potestad para derribar la puerta si fuese necesario.

En conclusión, si entendiésemos que estamos ante un caso de allanamiento de morada, podría decirse que la actuación policial se ajustó a derecho y se procedió diligentemente. Sin embargo, si entendemos que se trata de un supuesto de usurpación de bienes inmuebles, que es más bien lo que parece, de ninguna manera podemos aceptar el proceder de la policía, que, si bien es cierto, puede llegar a ser comprensible, no cabe aceptar y permitir la limitación e injerencia en un derecho constitucional como es el de la inviolabilidad del domicilio.

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