CUSTODIA COMPARTIDA Y PENSIÓN DE ALIMENTOS

Durante el primer período de aplicación de la Ley valenciana de custodia compartida se seguía el criterio socialmente extendido y asimismo, de aplicación en los tribunales, de que cuando se establecía un régimen de custodia compartida, desaparecía la pensión de alimentos y su razón de ser, pues, siguiendo este régimen de convivencia del 50% del tiempo con cada progenitor, se entendía que cada cónyuge habría de satisfacer las necesidades de los menores durante el tiempo que conviviesen con cada uno de ellos. Esta situación provocó que, en más ocasiones de las deseadas, la motivación de los cónyuges para solicitar un régimen de custodia compartida o un régimen de custodia mono-parental atendiese a razones puramente económicas y no al interés superior del menor. Bajo la premisa de las bondades de la custodia compartida se ocultaban y camuflaban razones no tan loables como el hecho de que los menores puedan compartir tiempos equilibrados con uno y otro progenitor.

Sin embargo, solo poco más de 5 años después de la aprobación de la citada ley, el Tribunal Supremo, en sentencia de fecha 11 de febrero de 2016, ha cambiado el criterio por el que la custodia compartida, de forma automática, suponía no establecer una pensión de alimentos.

Así pues, el criterio que rige en la actualidad y desde que se dictara la innovadora sentencia del Supremo del mes pasado es que, el sistema de custodia compartida no exime del pago de la pensión de alimentos si existe desequilibrio económico entre los cónyuges. Además, rechaza de pleno que la pensión de alimentos pueda limitarse temporalmente en base a que los menores no pueden quedar a merced de que la madre o el padre encuentren trabajo. No obstante, la vía de la modificación de medidas del art. 91 del Código Civil siempre cabe.

A su vez, el Supremo señala que el sistema de custodia compartida es el “deseable” siempre que sea posible, especialmente atendiendo al hecho de que ambos progenitores tienen capacidad para educar a los hijos. De este modo, se busca fomentar el “nuevo” régimen de custodia compartida, abandonando la idea de que se trata de un sistema excepcional que requiere una especial acreditación.

Así las cosas, la sentencia de 11 de febrero de 2016 acuerda establecer un régimen de custodia compartida y señala una pensión alimenticia sin limitación temporal. Haciendo hincapié la Sala en el argumento de que una limitación temporal tiene sentido en una pensión compensatoria, como estímulo en la búsqueda de empleo, pero que de ningún modo tiene cabida en los alimentos de los hijos.

En mi opinión la citada sentencia del Supremo supone un avance en las conquistas de los derechos de los menores y de la protección de su interés superior, principio que debe primar siempre y regir en los procedimientos de familia. En la medida en que frena las solicitudes de custodia compartida que atienden a razones puramente económicas. Desaparece o al menos palia la desproporción entre la vida con uno y otro cónyuge. Además salvaguarda el principio de no discriminación, en este caso por razones económicas. Puesto que un cónyuge no está más o menos capacitado para criar, educar, formar y proteger a su prole en función de cuanta riqueza económica sea capaz de crear o ganar.

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